Barcelona, 2 nov (EFE).- Los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres han roto hoy lazos con la trama de corrupción urbanística con el cese de algunos de los implicados, y se han volcado en la revisión de los proyectos que se encuentran bajo sospecha.  

Estos tres municipios figuran en el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como damnificados por la supuesta trama de corrupción urbanística destapada en la operación "Pretoria", que impidió que las arcas de los tres municipios ingresaran 44,7 millones (13 millones Santa Coloma; 17,6 Llavaneres; y 14 Badalona).

La ruptura más clara con su pasado corrupto inmediato se ha producido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), con la renuncia del hasta ahora alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, justo cuando mañana se cumplirá una semana de su detención por orden del juez Baltasar Garzón.

El propio alcalde, a través de su abogado, Fermín Morales, ha anunciado hoy que renuncia al acta de concejal y, por tanto de primer edil, de forma que el consistorio está ahora a la espera de convocar un pleno extraordinario para elegir al nuevo alcalde, que podría ser Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona y marido de la ex alcaldesa, Manuela de Madre.

En Santa Coloma también ha renunciado a todos sus cargos el hasta ahora concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, que presidía la empresa municipal Gramepark y que permanece encarcelado junto a Muñoz.

Precisamente, el alcalde accidental de Santa Coloma, Joan Carles Mas, ha reclamado hoy a Gramepark todos los expedientes relacionados con la actuación judicial y ha ordenado que, de forma provisional, cualquier actuación de esta empresa pública relacionada con la investigación sea expresamente controlada por el consistorio.

Entre los expedientes que el ayuntamiento estudiará ahora a fondo se encuentran los relativos al proyecto Cubics, los aparcamientos de Fondo, Francesc Moragues y la Avinguda dels Banús, el mercado de Fondo, el proyecto CIBA 3, el proyecto de Doctor Ferran y toda la documentación sobre las subvenciones de la Unión Europea, que podría haber derivado en facturas falsas por valor de 1,3 millones.

En Badalona (Barcelona), el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, ha renunciado a sus atribuciones especiales en este ente público, como le había pedido el alcalde badalonés, el socialista Jordi Serra, por lo que ya no tendrá capacidad para decidir en operaciones urbanísticas y patrimoniales.

Serra le pidió por escrito el pasado sábado a Ruiz que renunciara a sus atribuciones especiales, después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le situara en el auto sobre la operación "Pretoria" como el contacto badalonés del cerebro de la trama de corrupción urbanística, Luis García.

Paralelamente, el alcalde de Badalona y el Consejo Comarcal del Barcelonès han acordado crear con carácter "inmediato" una comisión técnica jurídica -sin la presencia de los grupos municipales- para que investigue en el seno de Marina Badalona la operación urbanística que Garzón está analizando.

Como medida preventiva, el alcalde ya decretó la semana pasada la suspensión cautelar de licencias y de actuaciones en el solar mientras dure la instrucción judicial.

También el consistorio de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) ha dado hoy dado pasos para romper con su pasado, ya que quiere personarse como acusación particular en la causa.

Paralelamente, la Fiscalía de Cataluña ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción otros tres informes sobre supuestos "pelotazos" en Llavaneres, dos de ellos vinculados a empresas de los detenidos en la operación "Pretoria", para que investigue su relación con la trama de corrupción.

Entre estos informes figuran dos casos, que siguen abiertos en un juzgado de Mataró (Barcelona), sobre operaciones urbanísticas dudosas impulsadas por el anterior equipo de gobierno, por lo que han sido imputados el anterior alcalde, Víctor Ros (PP), que aún es concejal, así como el ex concejal de Urbanismo Antonio Jiménez (PSC).

Este ex concejal de Llavaneres aparece en el auto de Garzón por su "estrecha relación" con el supuesto cerebro de la trama, Luis García, lo que ha llevado al ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona) a anunciar que revisará los proyectos urbanísticos en los que intervino Jiménez, que compaginó durante un tiempo su cargo en Llavaneres con el de director del área territorial del ayuntamiento de Montcada. EFE.

FUENTE:
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=160778